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COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA - SIN LAS OSC NO HAY DESARROLLO

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA - SIN LAS OSC NO HAY DESARROLLO

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Sin las organizaciones de la sociedad civil no hay desarrollo

Las organizaciones de la sociedad civil - OSC son reconocidas, por la Constitución Política Nacional y por los tratados y Agendas internacionales, como un actor (en igualdad de condiciones que los otros actores) que en las democracias construye, aporta, monitorea y promueve el desarrollo local, regional y nacional.

Su acción colectiva, solidaria y permanente se centra en la garantía de los derechos a la vida, a la conservación de la naturaleza, a la convivencia, al fortalecimiento comunitario, a la paz y la reconciliación, entre otros; además hacen posible que los entornos que habitamos las colombianas y los colombianos sean propicios para el desarrollo sostenible.

Después de motivar la participación de la sociedad civil organizada en la revisión y aportes concretos para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo - PND 2018 – 2022 y de revisar cuidadosamente el articulado propuesto por el Gobierno Nacional al Congreso de la República (del cual forma parte integral el documento Bases para el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022), la CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES – CCONG invita a la Cámara de Representantes y al Senado de la República, a las Organizaciones de las Sociedad Civil y a los ciudadanos y ciudadanas, a reflexionar y debatir críticamente la ruta para el desarrollo contenida en esta propuesta del Gobierno Nacional.

Reconociendo que:

1. Las bases se fundamentan en un pacto que no reconoce a todos los actores del desarrollo y, por ende, no reconoce los aportes y contribuciones que las organizaciones de la sociedad civil, hacen al desarrollo del país.

2. El articulado no refleja la garantía y realización concreta de todos los derechos, especialmente de los derechos civiles y políticos. Entender la democracia participativa como una acción pasiva de la ciudadanía, que no controle, no cuestione, y solo valide es debilitar esta figura tan importante para la democracia, que se encuentra establecida en la Constitución Política Nacional.

3. La sociedad civil en Colombia se caracteriza por ser amplia, diversa y reconocida. Vemos con extrañeza y preocupación que no se incluye a la totalidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC como un actor corresponsable y, por derecho propio, protagonista del desarrollo. Por tanto, no se puede privilegiar a unos sectores (comunal, religioso) frente a los otros; esto no es legal, ni democrático, ni ético.

4. El Plan no contempla la construcción participativa y solidaria de una “Política Pública de Promoción y Fortalecimiento de las OSC”, que considere el reconocimiento como actores sociales, políticos y del desarrollo, el rol de actor participante e incidente en el ciclo de las políticas públicas, de veedor ciudadano, del ejercicio al derecho al control social, de la garantía la movilización y protesta pacífica, la asociación, la denuncia ciudadana, el acceso a los recursos públicos en igualdad de condiciones que los otros actores. 5. La ausencia del reconocimiento de instancias ciudadanas legalmente constituidas (como la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, el Consejo Nacional de Planeación, el Consejo Nacional de Paz, los Consejos

Nacionales poblacionales y territoriales, entre otros) es un retroceso en un Estado Social de Derecho. 6. La convivencia y la participación ciudadana exceden la simple participación en dispositivos de seguridad e incluyen la garantía a tener voz, voto e incidencia en los procesos del desarrollo sostenible en todo el territorio nacional.

Por tanto, les solicitamos incluir en la propuesta de articulado que debatirá la plenaria del Congreso:

1. La mención explícita en el Plan Nacional de Desarrollo del rol fundamental que hoy juegan, y seguirán jugando, las OSC en términos de su oferta de valor como contribución al desarrollo y a la democracia. El Plan debe expresar con claridad y contundencia la participación ciudadana como un valor social construido mediante acciones solidarias, incluyentes y respetuosas de la diferencia.

2. La distinción explícita en el Plan Nacional de Desarrollo entre “participación ciudadana” y “participación cívica”. El Pacto de seguridad y legalidad centra la acción en la segunda, basada en la denuncia de hechos y en la cooperación con las autoridades. Por tanto, es necesario que se incluya la “Participación Ciudadana” con todo lo que la Constitución Política establece frente a este derecho, que es distinto de la “participación cívica”.

3. Que se reconozca en el Plan Nacional de Desarrollo la diversidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC y su aporte desde sus diferencias al desarrollo. Se deben ampliar las acciones previstas de promoción y fortalecimiento a la totalidad de las OSC, ya que las políticas públicas y el Plan Nacional de Desarrollo no pueden excluir y privilegiar a unas formas de asociatividad frente a otras (en las bases solo se menciona a las JAC y a las organizaciones religiosas: esto es excluyente).

4. Que se incorpore la formulación participativa y solidaria de una política pública de promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, que garantice el reconocimiento, la autonomía, la igualdad y la no estigmatización de las OSC. Esta es la verdadera garantía de los derechos políticos y civiles de las mismas.

5. En la propuesta del articulado y en el documento de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se deben establecer explícitamente las acciones legales e institucionales que se adelantarán para garantizar el derecho a la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Manifestamos, como siempre, nuestra voluntad de construcción y propuesta permanente para el hallazgo de caminos que posibiliten el diálogo político con el Congreso de la República durante la discusión y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Esta es la oportunidad de adoptar acciones incluyentes y legales para la totalidad de la sociedad civil organizada y de garantizar los derechos civiles y políticos de la mismas. Confiamos en los puentes de diálogo que nos permitirán seguir contribuyendo como actores aportantes, propositivos, innovadores y legítimos en el desarrollo de nuestros territorios.

Bogotá, D.C., 18 de marzo de 2019